Esta separación habría que buscarla en el conocimiento de las minorías intelectuales del siglo XVIII. La dualidad y separación entre estas dos Españas se hizo más ostensible, como tremenda realidad, al producirse el desfondamiento nacional a causa de los efectos desencadenados por la Revolución francesa. No hay espacio en este sucinto artículo para hacer un panegírico de un tema de dramática actualidad y, al mismo tiempo, tan difícil de superar por obviar con no buenas intenciones políticas la definición constitucional de España.
La realidad a pie de calle difiere del concepto de obligado cumplimiento establecido democráticamente en el Derecho Político: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, en todo el pueblo, no en una parte, del que emanan los poderes del Estado, siendo la forma política del Estado español la Monarquía parlamentaria.
A pesar de los claros y algunos oscuros de estos 40 últimos años, ¿acaso no se ha garantizado la convivencia democrática dentro de la Constitución - 23 de febrero-? ¿Acaso no hemos consolidado un Estado de Derecho - tras una convulsa II República y dictadura- que ha asegurado el imperio de la ley protegiendo a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones?. ¿Acaso no se ha promovido el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, a pesar de los momentos de dura crisis, corrupción y suspendida sedición? Señorías, no juguemos con España, no precisamos de narcisistas salva patrias.
Rafael Leopoldo Aguilera
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