Reforma de la administración

TRAS analizar el Dictamen del Concejo de Estado sobre la Reforma de la Administración Local, es el punto de arranque que servirá para aprobar una Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, basado en garantizar la autonomía local de conformidad con el artículo 137 de la Constitución, que otorga a municipios y provincias la capacidad de gestionar sus respectivos intereses y éstos son principalmente aquellos que se puedan prestar de forma sostenible y sin merma de sus recursos propios. 

Siempre es más óptimo conseguir la mayor participación y consenso posible, y en este caso, un alto órgano del Estado, que está en un plano principal en un sistema democrático, ha dictaminado, en líneas generales, la viabilidad y constitucionalidad de esta norma, ya que reconoce al Estado la competencia para dictar normas básicas y homogéneas de carácter local en todo el territorio nacional. Será el Consejo de Ministros y las Cortes Generales quienes deberán de actualizar y perfeccionar la norma con esas indicaciones recibidas por el alto órgano consultivo u otras consideraciones a través de los mecanismos democráticos de participación.

El Dictamen del Consejo de Estado viene a clarificar y ordenar, entre otras cuestiones, las competencias de los Ayuntamientos mediante la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, la plena constitucionalidad del régimen de los funcionarios de Administración local con habilitación local de carácter estatal, al que se deberían de incorporarse en el acceso otras titulaciones acordes a este cuerpo nacional, garante de la seguridad jurídica en el ámbito de las EELL, el menor coste en los servicios aplicando factores de corrección en los municipios y la permanencia de las Diputaciones Provinciales con clara definición de la concurrencia competencial entre los municipios y las provincias. 

El Dictamen emitido por el Consejo de Estado, a petición del Gobierno de la Nación, es una muestra más del interés por lograr el mejor texto legal posible para redimensionar a los Entes locales de acuerdo con su capacidad de gestión y su adecuación al cumplimiento de los principios de estabilidad y suficiencia financiera, ofreciendo a los vecinos y vecinas los servicios públicos que demandan, sin poner en riesgo su mantenimiento y garantizando una prestación sostenible hacia el futuro, dando más agilidad a la administración local con la reducción de costes, sobre todo, evitando duplicidades.

Rafael Leopoldo Aguilera


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